El Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa (FCH) envió ayer al Senado la República la Iniciativa de Ley de Firma Electrónica Avanzada, cuya finalidad es reducir los costos de transacción relacionados con el comercio y los trámites y servicios que los ciudadanos realizan como personas físicas o morales.
En un comunicado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que esa Iniciativa busca regular y fomentar el uso de la firma digital y de los medios electrónicos en los actos jurídicos efectuados entre particulares y el gobierno y entre particulares entre sí.
La firma electrónica −explicó la dependencia− permitirá al ciudadano realizar trámites y transacciones a cualquier hora y desde cualquier parte con acceso a internet, así como transacciones electrónicas vía Web bajo un ambiente de seguridad jurídica y confiabilidad.
El proyecto de ley presidencial fue recibido ayer mismo por la Cámara Alta.
La Firma Electrónica Avanzada (FIEL) asegurará la autenticidad de los datos, evitará el repudio en envío de los mismos, permitirá mantener la integridad de los documentos al restringir modificaciones a los mensajes y asegurará la confidencialidad al restringir el acceso o la distribución no autorizada de mensajes, datos y documentos electrónicos.
La información que incluye la FIEL es equiparable a los documentos impresos con firma autógrafa y producirá los mismos efectos jurídicos que las leyes otorgan a estos documentos.
Es decir que en todos los actos jurídicos ya sean comunicaciones, procedimientos administrativos, trámites y servicios o transacciones comerciales efectuados con la firma digital tendrán pleno valor probatorio y de identificación de la persona que los realiza.
La FIEL y su pleno reconocimiento con la iniciativa de ley presentada por el presidente Felipe Calderón facilitará el comercio nacional e internacional y favorecerá la competitividad de las empresas mexicanas, pues su uso fomentará las operaciones seguras entre particulares.
Además, la firma digital optimizará el aprovechamiento de tecnologías de la información y comunicaciones, a través de la sistematización y digitalización de todos los trámites administrativos para la gestión pública para brindar una mejor y más rápida atención a los ciudadanos.
Además, la firma digital optimizará el aprovechamiento de tecnologías de la información y comunicaciones, a través de la sistematización y digitalización de todos los trámites administrativos para la gestión pública para brindar una mejor y más rápida atención a los ciudadanos.
Su uso −explicó la SFP− incidirá en una mayor eficiencia en la gestión gubernamental, la transparencia y en la generación de ahorros, ante la reducción de tiempos, recursos humanos y económicos del sector público y de los ciudadanos.
De acuerdo con la iniciativa, las autoridades certificadoras de firmas digitales serán la Secretaría de Economía (SE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Fuente: Crónica (IDC Online)
