En conferencia de prensa, miembros del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) señalaron que las sanciones que se establecen en la Iniciativa de la Ley de la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo (LPIORPIFAT) dan un tratamiento de “lavadores de dinero” a los profesionistas que serán sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Al respecto, Luis Raúl Michel Domínguez, presidente de ese Instituto, manifestó que el gremio simpatiza con la ley, pero “requiere que se revise y se hagan precisiones para que todo mundo pueda vivir”.
Por su parte, el vicepresidente del Comité Fiscal del IMCP, Carlos Cárdenas, confió en que no será necesario “protegerse” contra esa ley.
En el acto, afirmaron que si bien están de acuerdo con el combate al “lavado” de dinero, les preocupa el proyecto “que está en el tintero”, por lo que seguirán de cerca su avance en el Congreso de la Unión, pues estimaron que la redacción de la Iniciativa indica que podrían ir a la cárcel, y lo importante es ver cómo pueden coadyuvar, por lo que consideraron que debería tener una acotación para que quede bien preciso este asunto.
Cabe mencionar que en esa Iniciativa se prevé como sujetos obligados a los profesionistas, pasantes o asesores en materia contable, jurídica, fiscal o financiera que presten sus servicios de forma independiente en actividades como: el diseño o planeación de proyectos de inversión; ampliación o disminución de capital social; diseño, planeación, administración o ejecución de desarrollos inmobiliarios; auditorías; llevar contabilidades externas y dictaminaciones fiscales, entre otros, así como los fedatarios públicos, promotores y desarrolladores de bienes inmuebles.
Todos ellos tendrán que identificar, conocer a sus clientes y recabar la documentación e información de los mismos, y presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en tiempo y forma, los reportes de aquellos actos u operaciones, sin que ello implique transgresión al secreto legal, profesional, fiscal, bancario, fiduciario.
Por último, Michel Domínguez comentó que no se trata de asustar a nadie, pero “la psicosis de la gente es evidente ante los problemas de inseguridad que se viven en el país”.
Fuente: El Economista
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Cabe mencionar que en esa Iniciativa se prevé como sujetos obligados a los profesionistas, pasantes o asesores en materia contable, jurídica, fiscal o financiera que presten sus servicios de forma independiente en actividades como: el diseño o planeación de proyectos de inversión; ampliación o disminución de capital social; diseño, planeación, administración o ejecución de desarrollos inmobiliarios; auditorías; llevar contabilidades externas y dictaminaciones fiscales, entre otros, así como los fedatarios públicos, promotores y desarrolladores de bienes inmuebles.
Todos ellos tendrán que identificar, conocer a sus clientes y recabar la documentación e información de los mismos, y presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en tiempo y forma, los reportes de aquellos actos u operaciones, sin que ello implique transgresión al secreto legal, profesional, fiscal, bancario, fiduciario.
Por último, Michel Domínguez comentó que no se trata de asustar a nadie, pero “la psicosis de la gente es evidente ante los problemas de inseguridad que se viven en el país”.
Fuente: El Economista
