Los datos de las pólizas se ingresarán a un modelo de riesgo que detectará anomalías y guiará al auditor hacia las operaciones a revisar, entre otras, como las siguientes:
- Préstamos de socios y accionistas
- Operaciones con contribuyentes con esquemas abusivos
- Operaciones atípicas: Montos fuera del promedio propio
Algunos de los antecedentes que los sistemas de auditoría considerarán como puntos a revisar son:
- Ingresos omitidos superiores a las ventas, pagos de clientes y otros productos.
- Costo de ventas superior a las ventas
- Razonabilidad del pago de intereses por préstamos
- Montos altos en cuentas de funcionarios y empleados
- Razonabilidad de activos dependiendo de la actividad preponderante
- Cuentas de retenciones frente a pagos realizados
- Relación de ventas frente a gastos por comisiones bancarias por pagos con tarjeta
Estados de cuenta
Las instituciones financieras entregarán información de los estados de cuenta de sus clientes, los cuales se integrarán a las bases de datos para realizar cruces con los registros de bancos que constan en las pólizas que entreguen los contribuyentes, identificando así omisiones de ingresos o pagos no contabilizados.
Clientes y proveedores
Con la información obtenida se compulsarán operaciones entre clientes y proveedores, para observar la “simetría fiscal” de las operaciones.
Información del CFDI
Con la información obtenida de los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) la autoridad planea cruzar con la información contable y estados de cuenta. En el caso de personas físicas, los CFDI de nómina y de deducciones serán la base para integrar la declaración anual y la autorización o rechazo automático del saldo.
Carga
Sin que se conozca aún el detalle y mecanismos con los que la información será presentada por la autoridad, la información anterior basta para vislumbrar mayores costos administrativos y distracción de recursos de la organización para cumplir con tales obligaciones.
Estas medidas, aunadas al resto de las obligaciones y requisitos establecidos desde que inició el 2014, obligan a los negocios prácticamente a administrar para el fisco, generándose una importante y costosa carga administrativa, la cual debe ser adecuadamente sopesada por la autoridad, ya que no se debe perder de vista que a mayor carga fiscal, mayor será la disposición de los negocios a operar en la informalidad.
