martes, 14 de diciembre de 2010

HACIENDA SUAVIZA LEY ANTILAVADO DE DINERO


El Senado eliminó las figuras “filosas” que propuso el presidente Felipe Calderón en materia de combate al blanqueo de dinero, para sustituirlas por una estrategia integral que no obligue a los ciudadanos a convertirse en investigadores, evita la criminalización de notarios, corredores y fedatarios, y traslada de la Secretaría de Hacienda a la PGR las facultades para detectar y detener los recursos que utilizan el crimen organizado y el narcotráfico.

A dos días de concluir el periodo de sesiones en el Senado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al frente Ernesto Cordero, y senadores del PAN, PRI y PRD aceleraron las negociaciones que posibiliten la aprobación de la ley antilavado de dinero entre hoy y mañana.

Así, las negociaciones giran en torno a un nuevo documento alterno a la iniciativa de Calderón.
Sin embargo, la aprobación de esa ley está en vilo, debido a que el PRI y PRD aún tienen reservas, pues demandan que no sea Hacienda, sino la PGR, quien tutele completamente las acciones contra ese delito, ya que de lo contrario la ley podría ser utilizada por el gobierno sólo como herramienta de recaudación fiscal.

Y es que la nueva propuesta de dictamen del Senado -de la que El Economista obtuvo una copia- contempla la creación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada a cargo de la SIEDO de la PGR, pero conserva que sea la Secretaría de Hacienda, la dependencia de inteligencia financiera que sirve de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de lavado de dinero.


SI DESEA RECIBIR EL FLASH FISCAL QUE CONTIENE ESTA INFORMACIÓN EN SU CORREO SOLO REGÍSTRESE AQUÍ EL SERVICIO ES GRATUITO


Admite que la iniciativa de Calderón debe ser modificada, porque “no abarca en su totalidad los fines” de combate al blanqueo de dinero y se concentra en las sanciones contra los sujetos obligados a reportar actos sospechosos, lo que conduciría a una medida únicamente de recaudación fiscal.
Quitan filo a iniciativa presidencialEl Senado considera errónea la iniciativa de Calderón para obligar a notarios, corredores, fedatarios públicos y abogados a reportar actividades sospechosas, sin garantías jurídicas para evitar que sean víctimas de represalias por parte de la delincuencia organizada o se cometan abusos en su contra.
La nueva propuesta contempla que ese grupo de profesionales, Gatekeeper, reporten actividades específicas que puedan ser susceptibles de vínculos con el narcotráfico o el crimen organizado, como los juegos de apuestas, compra-venta de bienes muebles e inmuebles.
Para garantizar su seguridad y actos de represalias, esos profesionales no estarían obligados a reportar directamente a la autoridad, sino mediante una entidad colegiada que deberá crearse.
Además, se eliminan las sanciones penales en su contra para dejarlas en sanciones administrativas y económicas cuando falsen, impidan u omitan entregar la información.
El Senado insertó a los bancos como corresponsables de combatir ese delito, a través de reportes a la autoridad, hecho que Calderón no contempló.
“Efectuamos una profunda reestructuración de la iniciativa, a efecto de enfocar la misma no en los sujetos, sino en las actividades vulnerables a ser utilizadas en los procesos de lavado de dinero”, refiere el documento.
Aumenta de 100,000 a 200,000 pesos, el monto permitido para operaciones como compra de vehículos nuevos o usados; joyería, metales preciosos, obras de arte, adquisición de boletos para juegos de apuestas, blindaje de vehículos, y de 1 millón de pesos para la transmisión de propiedad o constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles.
“Reconocemos el impacto que tendrá la misma, en la forma de hacer negocios y de llevar a cabo transacciones económicas”, admite el documento.
Con respecto a las multas, prevén de 200 y hasta 3,000 salarios mínimos a quien incumpla la ley, incumpla con la presentación de reportes a la autoridad y con dos a ocho años de prisión a quien proporcione información falsa o la altere, incluidos los servidores públicos.
Fuente: el economista

AFILIADOS A LA