Si bien México ha mostrado avances importantes en el combate a lavado de dinero, los esfuerzos en materia del financiamiento al terrorismo -con dinero blanqueado- han sido insuficientes, según apuntó el Grupo de Acción Financiera (Gafi) en el segundo informe de seguimiento que hace el organismo.
Y mientras no se dan esos avances, sobre todo en la criminalización del financiamiento al terrorismo, que forma parte de las nueve recomendaciones especiales emitidas por el grupo, no se admitirá la solicitud de México de terminar con los seguimientos regulares.
Para el Gafi no son suficientes los pasos que se han dado desde hace tres años, es decir desde que se activó el mecanismo de evaluación, aunque reconoce que sí hay progresos en las demás áreas antilavado.
El segundo informe se elaboró con información comprendida entre mayo del 2010 y agosto del 2011, sobre los principales logros, acciones ejecutadas y previstas que cubre el sistema legal y las medidas preventivas institucionales tomadas para el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con base en las recomendaciones del Gafi.
TERCER INFORME
México reporta la creación de un grupo que estudia la aplicación de las recomendaciones especiales (financiamiento al terrorismo).
Incluso si en el tercer informe de avances -que se dará a conocer en octubre del 2012- no se cumple con las observaciones, el Grupo de Trabajo WGEI puede considerar asesorar a la plenaria para hacer que México reciba actualizaciones periódicas para la completa y efectiva implementación.
En el tercer informe, nuestro país tendrá que reportar resultados más tangibles en materia de financiamiento al terrorismo en áreas como la congelación y confiscación de activos, cooperación internacional, organizaciones sin fines de lucro y la implementación de los instrumentos de la Naciones Unidas y la criminalización del financiamiento al terrorismo asociada con el lavado de dinero.
SAT CAPACITA PERSONAL
Entre las acciones tomadas, se informa que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), capacitó a 121 empleados para ser responsables de la supervisión del cumplimiento de las normas para el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de los centros cambiarios y empresas de remesas familiares.
También se menciona que serán sujetos obligados las sofomes y sofoles y que las disposiciones pendientes para instituciones de crédito y casas de cambio se publicarán antes de que finalice el presente año.
De igual manera se hace referencia a la nueva reforma antilavado que fue aprobada por el Senado de la República y que está pendiente de ser avalada por la Cámara de Diputados.
En las conclusiones destaca que, desde que se inició la evaluación mutua, México ha trabajado para abordar las deficiencias identificadas, muchas de las cuales ya han sido tratadas, por lo que se han dado progresos respecto del primer informe.
Se espera que México se ocupe de estas deficiencias sin demora y que informe de manera detallada en el tercer reporte, tiempo en que la autoridad demostrará su capacidad para resolver todas las cuestiones dentro de los plazos normales para el seguimiento.
LO MÁS RELEVANTE DEL INFORME
Se envió al Congreso el proyecto de ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Habrá nuevas reglas de provisiones generales aplicables al sector asegurador que se publicarán antes de que termine el año.
Se solicitará a las compañías aseguradoras verificación e identificación de beneficiarios en las pólizas de seguros.
Se creó el Grupo Operativo Candesti para el terrorismo internacional que se encargará de analizar y elaborar las reformas necesarias consistentes a la resolución emitida por la ONU.
El Candesti tiene subgrupos que se dedicarán a la armonización de las normas antilavado con el combate al financiamiento al terrorismo.
Este grupo está integrado por los secretarios de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Comunicaciones y Transportes, Relaciones Exteriores y Hacienda.
La CNVB junto con el FMI desarrollan una nueva metodología de supervisión en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Fuente: El economista
