El Senado mantiene en “lista de espera” la Ley de Asociaciones Público-Privadas que propuso el presidente Felipe Calderón, pues hasta el momento, los senadores sólo coinciden en la urgencia de que ésta se apruebe.
Sin embargo, las inversiones mixtas para generar infraestructura ya se implementan en estados como Jalisco, Aguascalientes y Nayarit.
El presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, Eloy Cantú Segovia (PRI), dijo que la iniciativa de inversiones mixtas está en proceso de búsqueda de consensos, a pesar de que en diciembre pasado se presentó un dictamen al respecto que finalmente “se bajó”, como se dice en la jerga legislativa, debido a diferencias que surgieron sobre todo entre los senadores del tricolor.
La Ley de Asociaciones Público-Privadas pretende que el sector privado se convierta en proveedor de servicios del gobierno, con la obligación indirecta de construir la infraestructura (hospitales, autopistas, puentes, etcétera) necesaria para la prestación de tales servicios en los casos que así se requiera.
Aguascalientes, caso de éxito
En ese sentido, el senador panista por Aguascalientes, Rubén Camarillo, afirma que en aquel estado “ya tienen uno o dos años que se han estado promoviendo; en algunos lugares con más éxito que en otros, sobre todo, porque los presupuestos que son exclusivamente estatales son limitados”.
Aguascalientes, caso de éxito
En ese sentido, el senador panista por Aguascalientes, Rubén Camarillo, afirma que en aquel estado “ya tienen uno o dos años que se han estado promoviendo; en algunos lugares con más éxito que en otros, sobre todo, porque los presupuestos que son exclusivamente estatales son limitados”.
Explica que en ese estado, las inversiones mixtas para generar infraestructura “son contratos de largo plazo donde la iniciativa privada hace la inversión, y ésta se recupera después a través de la prestación de un servicio hacia el Estado, que se amortiza a través de este contrato de servicios en un mediano o largo plazo”.
Destaca que los contratos establecen plazos de 10, 15 o hasta 20 años. “El estado le paga al inversionista privado el costo de la inversión más el pactado, utilidad o rentabilidad del inversionista; es la forma en que muchas de las necesidades de muchas comunidades en materia de salud, transporte, en muchas materias, de infraestructura en lo general podría resultar en un menor tiempo a que si solamente lo dejamos a que lo haga el gobierno”.
Camarillo Ortega considera que las cláusulas del contrato son claras, por lo que no significa que el gobierno de Aguascalientes, o el Estado a nivel federal, en caso de aprobarse la Ley de Asociaciones, se desentiendan de un servicio que están obligados a proporcionar.
“No se desentiende, al contrario, es coparticipe, responsable y el control, es muy importante, siempre permanece en manos del Estado, nunca del particular.
“Veo todas las ventajas: multiplica la inversión, reduce los tiempos de satisfacción de necesidades urgentes de la población, hay creación de empleo, generación de riqueza. “Desventajas, un poco la desconfianza que genera por posiciones ideológicas que quisieran ver un Estado todólogo, que se hace cargo de todo, es una visión equivocada, el Estado sigue siendo el rector y haciéndose carga y responsable, sin que tenga que meterse a todo”.
El otro lado de la moneda
En contraste, el senador perredista por Nayarit, Francisco Castellón Fonseca, afirma que la experiencia en su estado es negativa, porque los mecanismos de asociación público-privados han generado mayor endeudamiento en el gobierno estatal.
En contraste, el senador perredista por Nayarit, Francisco Castellón Fonseca, afirma que la experiencia en su estado es negativa, porque los mecanismos de asociación público-privados han generado mayor endeudamiento en el gobierno estatal.
“Es un asunto de incapacidad que ha demostrado el gobierno para poder generar una infraestructura mayor, el gran problema es que lo que ha generado en estados como Nayarit”, puntualizó.
Fuente: el economista
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