El Senado entregará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) facultades para que pueda rastrear a nivel internacional a personas, recursos y bienes que obtienen los criminales y narcotraficantes en nuestro país, los cuales trasladan a paraísos fiscales con el propósito de blanquearlos.
Con ello, el titular de la SHCP podrá recurrir a autoridades extranjeras como el FBI de Estados Unidos, la Policía Financiera de Italia o autoridades hacendarias de países considerados paraísos fiscales, como Suiza, para -específicamente- detectar los recursos de los criminales mexicanos que trasladan el dinero que obtienen por sus actividades ilícitas a otros países. Así lo establece la ley de combate al lavado de dinero, capítulo de prevención, que senadores se comprometieron a aprobar en los próximos días.
“Coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad pública nacionales y extranjeras, así como con quienes realicen actividades vulnerables, para prevenir y detectar actos u operaciones relacionados con el objeto de esta ley”.
“La Secretaría podrá dar información conforme a los tratados, convenios o acuerdos internacionales, o a falta de estos, según los principios de cooperación y reciprocidad, a las autoridades extranjeras encargadas de la identificación, detección, supervisión, prevención, investigación y persecución de los delitos equivalentes a los de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo”, establece.
Durante el “Seminario Internacional sobre Corrupción y Lavado de Dinero”, celebrado entre el Senado el 9 de febrero junto con la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, analistas y expertos recomendaron a los legisladores mexicanos cuidar que la ley antilavado tenga alcances internacionales, ya que ese delito se comete en todos los países del orbe.
Proteger a notarios de violación al secreto profesional
Luego de que el Colegio de Notarios en México y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias pidieran no criminalizar la actividad de notarios, fedatarios, corredores públicos y abogados que se encargan de realizar operaciones de compra-venta de inmuebles, joyas, obras de arte, etcétera, el proyecto de la ley antilavado establece que esos profesionistas no incurrirán en violación al secreto fiscal o profesional por reportar a la SHCP, por sí mismos o mediante un colegio, las actividades sospechosas de blanqueo de dinero.
“La presentación ante la Secretaría de los avisos, información y documentación a que se refiere esta ley por parte de quienes realicen las actividades vulnerables no implica para estos trasgresión alguna a las obligaciones de confidencialidad o secreto legal, profesional, fiscal, bancario, fiduciario o cualquier otro que prevean las leyes ni podrá ser objeto de cláusula de confidencialidad en convenio, contrato o acto jurídico alguno”, se precisa.
Fuente: El economista
