Según un análisis de la consultoría IQOM, en la búsqueda de mayores ingresos para la Federación, las autoridades mexicanas podrían afectar a las empresas, tanto nacionales como extranjeras, con las modificaciones fiscales e incurrir en incompatibilidad con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues como ejemplo, los cambios al régimen de consolidación fiscal en México, podrían resultar incompatibles con las disposiciones en materia de expropiación previstas por el Tratado.
Para los inversionistas canadienses o estadounidenses podría considerarse una medida equivalente a una expropiación, por lo que podrían recurrir al procedimiento inversionista-Estado establecido en el Capítulo XI del Tratado y demandar al Gobierno de México un pago pecuniario.
Los inversionistas podrán solicitar un panel internacional o someter el asunto a las autoridades financieras competentes de los tres países.
México firmó el TLCAN con Estados Unidos y Canadá en 1994 para crear un bloque comercial y facilitar el flujo de mercancías, con el cambio en la consolidación fiscal, podrían afectarse los recursos disponibles de las empresas para tratar de salir de la crisis en la que se encuentra el país.
La Cámara alta tiene hasta el 31 de octubre para aprobar esta medida, para rebotarla con los diputados para su total aprobación.
Fuente: IMCP
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